Estos instrumentos de planeación territorial garantizan que el desarrollo urbano y la protección ambiental se realicen de manera ordenada, sostenible y en beneficio de la comunidad. Asegurando que el interés público prevalezca sobre el privado mediante criterios técnicos que protejan la habitabilidad, la conservación ambiental, la disponibilidad de agua y la prevención de riesgos.
